Por: Alan Beraún
Publicado 20.08.2021
En el año 2018 la organización PROÉTICA lanzó “Siete propuestas anticorrupción para un país íntegro”, donde proponían 1) Elaborar e implementar un plan anticorrupción; 2) Fortalecer y mejorar la transparencia y acceso a la información pública; 3) Implementar audiencias públicas sectoriales de rendición de cuentas, que respondan efectiva y oportunamente a las demandas de la población; 4) Priorizar la incorporación de altos directivos a través de concurso público o del cuerpo de gerentes públicos del Perú – SERVIR y transparentar todo proceso de contratación en el portal web de la entidad; 5) No contratar a funcionarios públicos corruptos conforme al DL 1243; 6) Impulsar el cumplimiento del código de ética de la función pública, destinando recursos y asegurando competencias para su eficiente implementación; y 7) Publicar y mantener actualizadas las declaraciones juradas de intereses de las autoridades y altos funcionarios en los portales web (https://www.proetica.org.pe/contenido/propuestas-anticorrupcion/).
A un año y poco más de que concluyan con sus mandatos los actuales gobiernos subnacionales ¿Cuántos Gobiernos Regionales y Locales, habrán logrado implementar las siete propuestas anticorrupción?
Ese mismo año, al conocer dichas propuestas anticorrupción, concluí en que faltó considerar una propuesta más, que es fundamental y que está relacionada al ejercicio del derecho de participación del ciudadano de a pie. Por esa razón, en las Elecciones Regionales y Municipales del año 2018 cuando postulé a la alcaldía de la provincia Daniel Alcides Carrión del departamento de Pasco, una de mis propuestas más resaltantes de campaña fue que por cada proyecto, programa u obra que se ejecutaría en mi gestión tendríamos una participación activa y vigilante de la ciudadanía carrionina y para ello conformaríamos comités de supervisión o vigilancia con los ciudadanos(as) directamente beneficiarios de la intervención pública municipal, ya que ellos deben estar involucrados en dichas actividades en aras de que la gestión sea más eficiente así como de ayuda a la lucha contra la corrupción en una nueva gestión de cara al ciudadano. Luego de tres años, estas propuestas nuestras siguen vigentes, porque hoy más que nunca necesitamos la participación activa de los vigilantes ciudadanos en todo el ciclo de la inversión pública.
El 13.07.2021 el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) publicó la resolución N° 103-2021-OSCE/PRE que aprueba la DIRECTIVA N° 001-2021-OSCE/CD “Programa de Vigilancia Ciudadana en las Contrataciones Públicas” que tiene como finalidad “Establecer los lineamientos para la participación de la ciudadanía como un aliado del OSCE a través de la vigilancia ciudadana de las contrataciones públicas, brindándole un espacio para el ejercicio de su derecho al control social, de manera que pueda remitir a través de un canal exclusivo las alertas identificadas en la vigilancia, contribuyendo a que el OSCE pueda concretar una supervisión oportuna de los procesos de contratación vigilados”(https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/2019051-001-2021-osce-cd).
Esta directiva de la OSCE es un avance significativo en fomentar la participación del ciudadano(a) de a pie como veedor en los procesos de contratación del estado, dado que esta norma orienta y regula la participación de veedores/vigilantes ciudadanos dentro del proceso. Fortalece saber que las entidades públicas se inclinen por convocar a los ciudadanos en aras de transparentar procesos que muchas veces parecen ser para privilegiados; creemos además que con esta iniciativa de la OSCE, de una u otra manera, se minimizará actos de corrupción en los procesos de contrataciones públicas.
Finalmente, el 13.08.2021, la Contraloría General de la República informó que en el año 2020 el Perú habría perdido, por efectos de la corrupción e inconducta funcional, 22 059 millones de soles, lo que hubiera permitido reducir, en determinado período, la pobreza monetaria en el país, que afecta a 9 millones de ciudadanos y ciudadanas. (https://elperuano.pe/noticia/126672-el-pais-perdio-s-22059-millones-por-corrupcion).
Causa indignación saber que, en plena pandemia, cuando los peruanos debemos estar más unidos, cuando la coyuntura nos exige ser más humanos, más empáticos, más solidarios y cuando el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales deben estar centrados en atender las necesidades más urgentes de la población en su conjunto, vemos que la corrupción sigue campeando y nos sigue robando los sueños, las esperanzas, el futuro y el progreso de nuestros descendientes.
El informe de la Contraloría nos llama a que nuevamente se ponga en el tapete las “Siete propuestas anticorrupción para un país íntegro” planteadas por PROÉTICA; incorporando como actor fundamental al ciudadano quien debe participar como veedor/vigilante en todo el ciclo de la políticas públicas. Esta realidad obliga a que los ciudadanos nos organicemos más y mejor que antes; que vigilemos los quehaceres de nuestros funcionarios y de la forma cómo invierten nuestros presupuestos que al fin y al cabo son nuestros impuestos.
También es necesario que el ciudadano(a) consciente, honesto e íntegro incursione en política para adecentarlo, para que la política esté al servicio de la gente y en especial de la población más necesitada; porque la política debe servirnos para solucionar los problemas de la gente, servir a los ciudadanos, para escucharlos y visibilizar a los hoy llamados invisibles.
